Clarín y La Nación: los oficialistas del terror

Los oficialistas del terror

Vicente Massot, director del diario bahiense La Nueva Provincia

Mañana se cumplen 38 años del golpe cívico-militar que provocó la desaparición de una generación completa de argentinos, el mayor genocidio de la historia nacional.

Se trata de un recuerdo trágico para los contemporáneos del terrorismo de Estado, las víctimas directas e indirectas sobrevivientes del horror vivido. En cambio, las nuevas camadas pueden vivirlo casi como un rojo feriado en el calendario.

A primera vista, esto último sería malo, o no del todo bueno. Pero la naturalización, en este caso, juega a favor de lo avanzado colectivamente en todos estos años. Se percibe como lejano e irrepetible aquello que nunca debiera haber ocurrido. No es exactamente lo mismo, aunque en su imperfección, se le parece bastante.

Los más veteranos, los más curtidos, sin embargo, saben que la memoria es como un músculo que debe ser ejercitado a destajo. Las grietas que propone el olvido se presentan, muchas veces, como simple cansancio. Por eso debe ser ayudada, eslabonada, sostenida: la posta es irrenunciable si queremos renunciar a ser eso que fuimos en un período breve pero intensamente trágico. Ser mejores nos obliga a revisitar lo que pasó con el deseo consciente de no volver a caer en lo profundo de la trampa. Algunos lo harán todo el tiempo, otros cada tanto, y es indispensable que la mayoría lo haga, al menos, en estas fechas que son una cita con el pasado que no es pasado, sino lacerante presente: todavía hoy 400 nietos apropiados que esperan reencontrarse con sus familias biológicas, y hay abuelas que murieron sin poder abrazarlos. Algunas secuelas del Estado genocida no forman parte de ningún expediente amarillento. Palpitan como herencia siniestra en la identidad incierta, arrebatada, de centenares de víctimas directas que caminan por las calles sin saber quiénes son en realidad.

Los botines andantes de la dictadura son las cicatrices abiertas de una sociedad democrática que viene peleando por décadas para que la justicia y la verdad triunfen, aun con la oposición militante de los diarios que fueron oficialistas del Estado terrorista.

Esta semana, Vicente Massot, director del diario bahiense La Nueva Provincia, ex viceministro de Defensa menemista, habitué de los programas de Mariano Grondona, columnista de La Nación, tuvo que sentarse ante un juez para explicar su rol en la desaparición de dos obreros gráficos que resultaban molestos para los accionistas de la empresa. El Poder Judicial también investiga el papel de La Nueva Provincia como ejecutora de las acciones de acción psicológica diseñadas por el aparato de inteligencia militar que permitieron, por ejemplo, traducir asesinatos de militantes indefensos en enfrentamientos armados, es decir, el falseamiento de la realidad para el sostenimiento de un régimen criminal. En síntesis, el paso del periodismo de derecha, malo o bueno, a la acción de propaganda que disimuló la tortura sistemática, la eliminación física de opositores y el borrado de huellas arrojando sus cuerpos a las aguas barrosas del Río de la Plata como "lucha antisubversiva".

Clarín y La Nación, los dos diarios de mayor circulación en la actualidad, hicieron en su momento lo mismo que La Nueva Provincia en Bahía Blanca, pero a escala nacional. Cuando se reivindica la "Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar", de Rodolfo Walsh, militante montonero y periodista, habitualmente se lo hace en clave heroica, como subgénero de una literatura fantástica, con un autor arquetípico, testimoniando un mundo de acciones imposibles. Sin embargo, 37 años después, lo que Walsh dejó asentado encarna en una verdad luminosa de la que pocos, o casi nadie, quiere hacerse cargo: los diarios tradicionales no podrían haberla llevado como editorial de época porque hacían negocios con Videla y Martínez de Hoz. Walsh era perseguido por los dueños de la censura en esos años, los mismos que hoy se presentan como modelos de la libertad de expresión supuestamente amenazados por la democracia.

No fue el temor de sus editores. Tampoco el grado de complicidad asumido con los dueños de la vida y de la muerte de aquel tiempo. Lo que Clarín y La Nación hicieron –o dejaron de hacer, mejor dicho– obedeció a un plan sistemático para cambiar radicalmente la matriz económica de nuestro país. Para comprenderlo mejor, basta dejar de pensar en ellos como simples diarios y centralizar la atención en sus intereses empresariales concretos. Del mismo modo, ayuda repensar el golpe como una acción de civiles apoyados en un partido militar operativo en el territorio, que por medio de un Estado ilegal sentara las bases del diseño de país que alimentaron, entre otros, los miembros del Grupo Perriaux, integrado por cuadros de la élite económica concentrada. Clarín y La Nación, como la Sociedad Rural, la UIA o los bancos, fueron accionistas de una empresa refundacional, un proceso de reorganización, donde los militares actuaron fundamentalmente como pretores criminales.

La UIA pretendía eliminar a las comisiones obreras díscolas que amenazaban la tasa de ganancia de sus adherentes. La Sociedad Rural, acabar con las barreras regulatorias a la exportación de materias primas. Los bancos, una ley de de entidades financieras que facilitara la timba. Los diarios Clarín y La Nación, el manejo del papel que abaratara sus costos de producción y eliminara a la competencia para constituir un oligopolio todavía vigente.
La investigación sobre el despojo a la familia Graiver de Papel Prensa que hizo Tiempo Argentino en su fundación, el documento "Papel Prensa: la verdad", elaborado por la Secretaría de Comercio y la de Derechos Humanos, y los últimos documentos que el Ministerio de Defensa a cargo de Agustín Rossi aportó a la causa judicial, no dejan lugar a dudas. Clarín y La Nación tuvieron un papel activo en el silenciamiento del genocidio a cambio del apoderamiento –con la presunta comisión de delitos de lesa humanidad imprescriptibles– de la mayor empresa del principal insumo básico de la industria de diarios: Papel Prensa SA, perteneciente al Grupo Graiver.

Que estos dos diarios hoy sean opositores seriales a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que impulsa el gobierno democrático, como se ve, tiene una explicación: el cotejo de los indicios y probanzas acumuladas descarta la idea de una "venta entre privados" y desnuda una meticulosa operación de despojo. Lo mismo su mezquina cobertura a la noticia que involucra al editor Vicente Massot como supuesto partícipe de desapariciones y apéndice del aparato de inteligencia genocida. ¿Acaso Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, cuando se muestran solidarios con el director de La Nueva Provincia, actúan en defensa propia?
Los documentos obrantes en el expediente a cargo del juez federal Julián Ercolini, de morosa instrucción en todos estos años, es cierto, prueban que Magnetto y Mitre actuaban en paridad con los comandantes de la Junta Militar. Hay un dato que es útil para interpretar los acontecimientos: Clarín, La Nación y La Razón quisieron ocultar la apropiación de Papel Prensa a través de la empresa FAPEL SA, que constituyeron un mes y medio antes del golpe, el 12 de febrero de 1976.

Diez meses después, según puede leerse en el Anexo I al Acta 14 de la Junta Militar, del 2 de diciembre de 1976, cuya copia fue revelada por este diario y su original hallado en el edificio de la Fuerza Aérea por funcionarios de Defensa, el secretario de Desarrollo Industrial de Videla, Raymundo Podestá, alertó a los comandantes sobre los riesgos de "la transferencia y cesión" de las acciones de la empresa de los Graiver a favor de FAPEL SA y finalmente propuso "que los 'compradores' ofrezcan expresamente a los demás diarios de la Capital y del Interior hasta un 49% de las cantidades por ellas adquiridas en las mismas condiciones de precio y plazo".

La respuesta de Magnetto y Mitre fue negativa. Podestá informó a sus superiores: "Los diarios (Clarín, La Nación y La Razón) manifestaron la imposibilidad de contemplarlas favorablemente por considerar que el compromiso que asumían de llevar adelante el proyecto era de gran trascendencia y que, por lo tanto, creían prudente no ceder acciones Clase A a otros posibles usuarios, pues se compartiría y debilitaría la conducción". Así nació el monopolio del papel, con la anuencia de la Junta Militar. ¿Quiénes eran los poderosos, entonces? Idéntico argumento usó Clarín ante la Corte para defender su posición dominante en el mercado audiovisual y atacar la LSCA: que sólo se puede ser rentable si se tiene la mayoría total del negocio. Los tiempos, por suerte, cambiaron: el máximo tribunal de la justicia desechó la idea después de cuatro años de litigio. ¿Qué respondió la Junta Militar que había transformado el país en un inmenso campo de concentración, ante el pedido de Magnetto y Mitre? Que sí: "Atento a lo informado, se resuelve informar a los diarios Clarín, La Nación y La Razón que el Estado Nacional acepta su participación en Papel Prensa". Debajo puede verse la firma de los tres comandantes.

Para la misma fecha, en el "segundo informe preliminar interno de la Fuerza Aérea (FA)", quedó escrita la recomendación de José Alfredo Martínez de Hoz, alentando la solución empresarial al caso Papel Prensa: "Las soluciones propugnadas por el señor Ministro de Economía no difieren mucho de la acción recomendada en la reunión de representantes de las tres fuerzas, y podrían ser sostenidas por la FA teniendo en cuenta que:

1) Se sacaría de Papel Prensa al Grupo Graiver.
2) Las acciones del fundador pasarían todas a los diarios La Razón, Clarín y La Nación.
3) La empresa podría continuar y no tendría problemas litigiosos".

Curiosamente, el único representante que ofreció una alternativa a la propuesta de los diarios aceptada por la Junta fue la Armada.

En el documento de la Fuerza Aérea quedó así expresado: "El eje de la solución de la Armada es no autorizar ninguna transferencia y expropiar todas las acciones de Clase A, volviéndolas a ofrecer en suscripción pública a toda clase de inversor nacional. Según el doctor Martínez de Hoz la expropiación o cualquier otro tipo de compra forzosa deterioraría la imagen del gobierno argentino en el exterior".

¿Cuántos podían impedirle la entrada a "su empresa" a un marino enviado por el propio Emilio Eduardo Massera? Magnetto y Mitre lo hicieron. Da escalofríos leer en el Anexo XIV Confidencial, que toma estado público por primera vez, que el 30 de agosto de 1977 el capitán de navío Alberto D’Agostino, veedor-interventor de Papel Prensa, intentó participar de una reunión de directorio y no lo dejaron: "Ante el mantenimiento por parte de los señores Ricardo Peralta Ramos, Bartolomé Mitre y contador Héctor H. Magnetto de la posición de no permitirme el acceso, el suscripto levantó un acta ante escribano público dejando constancia de la situación". A ver: Magnetto y Mitre no permitieron el acceso del delegado del creador de la ESMA como campo clandestino, por donde pasaron casi 5000 detenidos-desaparecidos y apenas sobrevivió un centenar, a cinco cuadras de la cancha de River Plate. ¿Qué mayor demostración de poder para la época que esa decisión? A otros les costó la vida.
Una curiosidad: en los últimos años, Magnetto también intentó impedirles la entrada a sus empresas a funcionarios como Guillermo Moreno, Daniel Reposo, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli. La prepotencia es una línea de acción continua. Pero la democracia vino a cambiar las reglas de juego.

Volviendo a los '70, mientras el masserista D'Agostino no podía entrar a la asamblea de Papel Prensa, en paralelo, a Lidia Papaleo de Graiver se le seguían haciendo los mismos interrogatorios desde que había sido secuestrada. ¿Sobre qué se la interrogaba? Sobre Papel Prensa. El general Oscar Bartolomé Gallino, con poder de mando entre los represores, después de reunirse con los directores de los diarios de Magnetto y Mitre, según el Boletín Oficial de la época, era el encargado de las preguntas. Es el mismo Gallino que los diarios hicieron famoso en una solicitada de tapa adjudicándole el rol de orientador de los supuestos pagos por la "transferencia accionaria" de Papel Prensa: "En esta etapa, los tres diarios no han hecho un solo pago, ni han dado un solo paso que no fuera de conocimiento y aprobación previos por parte de las autoridades militares intervinientes", dice la nota.
Un detalle más sobre las relaciones incestuosas entre el CEO de Clarín y la dictadura genocida. Según acta del 12 de setiembre de 1977, el ministro de Justicia, Julio Arnaldo Gómez, recibió una nota de Videla "remitiendo para su conocimiento y efectos que estime correspondientes, fotocopia de una nota y de una actuación notarial enviada al Primer Mandatario por el señor Héctor Magnetto, vicepresidente en ejercicio de la presidencia de Papel Prensa". ¿Cuántos argentinos podían conseguir que Videla respaldara su carta ante el ministro de Justicia? ¿Qué le pidió Magnetto al dictador? Es una buena pregunta para cuando el juez decida su indagatoria, pedida hace tres años y medio. Este manejo de cierta judicatura es el último resabio del poder de Mitre y Magnetto. ¿Quiénes pueden evitar durante tres años y medio ser citados a prestar declaración indagatoria? No pudo Pedro Blaquier, tampoco Vicente Massot. Ni Marcos Levin de la Veloz del Norte. Ni los gerentes de la Ford, ni de la Mercedes Benz.


Por ahora, sólo pueden Mitre y Magnetto, todavía dueños de Papel Prensa. «