La denunciadora serial mimada del Grupo Clarín

La denunciadora serial mimada del Grupo Clarín siempre encuentra eco entre algunos jueces y fiscales. Quiénes son esos funcionarios judiciales y cuáles son los casos que al final terminaron en nada. La otra versión de Corach. Corría el año 1996 cuando el por entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, denunció que su par de Interior, Carlos Corach, le escribió en una servilleta de papel la lista de los jueces federales que respondían al menemismo. Desde aquel momento, “la servilleta de Corach” quedó inscripta en la cultura política argentina como la influencia que puede ejercer un funcionario o dirigente para torcer la voluntad de la Justicia. Dieciocho años después, la campaña electoral que cubrió casi todo este año convirtió a Elisa Carrió en una denunciadora serial que encontró en algunos jueces y fiscales el eco necesario para sus acusaciones. La diputada nacional parece así haber confeccionado su propia servilleta, que le garantiza instalación mediática y dividendos electorales. Pero poco parece haber ayudado en el esclarecimiento de los hechos que denuncia. La vinculación que la Justicia deberá investigar entre el fiscal recientemente suspendido José María Campagnoli y Elisa Carrió puede constituir una muestra de los estrechos lazos que la diputada nacional tejió en estos años con distintos estamentos del Poder Judicial. Sucede que Marcela Campagnoli, hermana del fiscal, es amiga personal de la legisladora y fue concejal de la Coalición Cívica en el municipio de Pilar. Precisamente Carrió fue una de las denunciantes de la causa en la que se investiga por lavado de dinero al empresario Lázaro Báez y por la que fue apartado Campagnoli, luego de ser acusado de forzar su competencia. Obviamente que apenas conocida la decisión del tribunal de enjuiciamiento que suspendió a Campagnoli, Carrió presentó una denuncia por encubrimiento agravado y abuso de autoridad contra la procuradora Alejandra Gils Carbó y contra los funcionarios que votaron la suspensión de Campagnoli, pero nada dijo acerca de los vínculos que la unirían con el fiscal. Las pruebas que presenta Carrió ante la Justicia en varias de sus denuncias no suelen ser más que recortes de diarios o informes periodísticos. Esto la lleva a que varias de sus denuncias queden en el ridículo ante la falta de rigurosidad de la información o porque directamente se trata de mentiras que resultan publicadas. Fue lo que sucedió con aquella entrevista que el dueño de la Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, le hiciera en el diario del mismo nombre al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y donde se vio obligado a reconocer que el magistrado nunca dijo que se había reunido con el secretario legal de la Presidencia, Carlos Zannini, para “conversar” sobre el fallo que declaró constitucional la Ley de Medios. Pero en el ínterin, Carrió salió con los botines de punta al sostener que, con su supuesta declaración, Lorenzetti “ha reconocido el más grave delito republicano que es la violación de la división de poderes” y sentenció que por lo tanto era “causal de juicio político”. De paso, aprovechó para rescatar de los magistrados que integran la Corte a Carlos Fayt, quien justamente fue el único que se opuso rotundamente a fallar a favor de la constitucionalidad de la ley. “Él todavía sabe lo que es la Justicia, los otros no son nada”, sentenció Lilita en ese momento. Incluso, en su acostumbrada visión autorreferencial quedó en evidencia. Reconoció que tenía vínculos con Fayt pero que dejó de tenerlos desde el año 2003, “por la división de poderes”, sin advertir que el nonagenario juez integra el máximo tribunal desde el regreso de la democracia, en 1983. Otro de los jueces friendly que integran la servilleta de la voraz diputada es Claudio Bonadío. A él recurrió en agosto de este año cuando apuntó contra el empresario Cristóbal López, al acusarlo de “cohecho y tráfico de influencias”, en el marco de las negociaciones por la venta de los activos de la filial argentina de la empresa brasileña Petrobras. “Se ha publicado que el empresario López habría pagado un soborno por 10 millones de dólares para destrabar la compra de la refinería San Lorenzo”, aseguró Carrió en su presentación ante el juez. La prueba de su contundente denuncia no era otra que una nota publicada en la revista brasileña Epoca. Bonadío hizo lugar a la presentación pero desde entonces nada pudo comprobar la Justicia con respecto a la denuncia. El caso Ciccone representa una causa que para una denunciadora serial como Carrió no podía dejarla sin protagonismo. El filón que encontró la dirigente de UNEN fue denunciar al secretario de Comunicaciones, Néstor Berner, y a agentes de la Inspección General de la Justicia por supuestamente darle protección a Amado Boudou. La denuncia fue tramitada justamente al juzgado de Bonadío. Fue precisamente Bonadío quien sobreseyó a Carrió en mayo de 2010, en la causa que le inició Aníbal Fernández cuando se desempeñaba como ministro de Seguridad. La diputada lo involucró directamente con las bandas de delincuentes que operan en el conurbano bonaerense. Pero para el juez, los dichos de Carrió “revistieron su opinión en torno a una autoridad pública en lo tocante a sus actividades como tal y más allá de los calificativos empleados”. En tiempos de campaña, la denuncia sistemática fue la plataforma política de Carrió para posicionarse tanto en las PASO como en las elecciones generales de octubre. Para varias de estas iniciativas concurrió a Tribunales con su nuevo socio político, Pino Solanas. El esquema metodológico era un triángulo que se iniciaba en la “investigación periodista” de Jorge Lanata en Periodismo Para Todos, continuaba con la denuncia de la pareja (la misma que era parodiada en un sketch del programa) en la Justicia y culminaba en el despacho de un funcionario receptivo. Al día siguiente de ganar la interna de UNEN, Carrió y Solanas se presentaron en el juzgado de Daniel Rafecas para denunciar que el jefe del Ejército, César Milani, “por enriquecimiento ilícito”, a partir de un informe difundido en el programa de Lanata. Con todo, Rafecas no se animó a darle lugar a cada una de las presentaciones hechas por la pareja denunciadora. El tándem Carrió-Solanas había acusado a Milani de haber realizado actos de inteligencia militar para cuestiones de política interna. Pero en este caso el juez se vio obligado a darle la razón al fiscal Jorge Di Lello, quien había determinado que “vistas las respuestas efectuadas por los denunciantes (a quienes les habían pedido precisiones) y compulsadas las notas periodísticas aludidas, es posible advertir que los diputados realizan afirmaciones y conjeturas sin sustento fáctico a fin de imputar a Milani hechos relacionados con la infracción a la ley de inteligencia militar”. El perfil denunciador que Carrió le imprimió a la campaña no le resultó gratis y generó más de un chisporroteo con sus socios del heterogéneo abanico de fuerzas que integran UNEN. El momento de mayor tensión se vivió en el debate que protagonizaron sus precandidatos en la pantalla de TN. Allí, Carrió les recriminó no haber denunciado “nunca” casos de corrupción. El radical Ricardo Gil Lavedra no tardó en salirle al cruce y le señaló que “resulta patético tratar de abrir un concurso de ‘denunciantes’ de hechos de corrupción”. Su correligionario Rodolfo Terragno no se quedó atrás y le recordó que “yo no sólo he denunciado; he mandado corruptos a la cárcel. Muchos lo han olvidado porque nunca caí en el exhibicionismo ético”. Así como Carrió encontró fiscales que con suma celeridad tomaran sus denuncias, también contó con otros que con la misma velocidad desestimaron los cargos que se abrieron en su contra. Por ejemplo, el fiscal Carlos Stornelli desestimó rápidamente una denuncia por enriquecimiento ilícito que el abogado Gustavo Ogni había presentado contra la diputada por la compra de un terreno en el Club de Campo Chacras de la Cruz y la construcción de una importante vivienda. La información fue publicada por la revista Veintitrés y sirvió como base para la denuncia judicial rápidamente desestimada por Stornelli. Sobre este fiscal, Lilita nunca pidió investigación alguna por la fastuosa vivienda de su propiedad y los costosos automóviles con los que se desplaza por la ciudad. Así, con funcionarios judiciales que le siguen el juego, Elisa Carrió escribe su propia servilleta. ¿Será Justicia? El paso en falso de la jueza Lanz La jueza María Gabriela Lanz fue quien convalidó el accionar de José María Campagnoli en la causa por lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez y por la que resultó apartado por “sobreactuación”. La pareja de la jueza, Valentín Temes Coto, fue condenado el lunes pasado por el Tribunal en lo Penal Económico Nº 3 a veinte años de prisión por encabezar una banda de narcotraficantes que contrabandeó 3.200 kilos de cocaína desde Brasil y la Argentina hacia España. Lanz intentó entonces declarar como testigo a favor de su pareja porque creía en su inocencia. Al ofrecerse como garante, la jueza intentaba que Temes Coto saliera en libertad, pero el pedido de excarcelación fue rechazado. La banda liderada por Temes Coto pretendía contrabandear la cocaína a través de cajones de manzanas, y por eso a la operación pasó a llamarse “manzanas blancas”. La pareja de la magistrada era quien lideraba las maniobras y el que tenía los contactos con el cartel que comercializaba la droga en España. El 16 de junio de 2010 se interceptó en el puerto un embarque de 1.647 kilos de cocaína. Y otro embarque había partido días antes y fue detenido en una escala en Santos, Brasil, con 1.700 kilos. A partir de esas dos intercepciones comenzó la investigación que terminó esta semana con la prisión para Temes Coto. Por la misma operación fueron condenados su secretario, Claudio Maidana, a 15 años de prisión, y Nelson Hinricksen, a 15 años, que era el encargado de la empresa Frutol, en la ciudad de Allen, Río Negro. Con todo, la condena para los tres acusados resultó menor a la que solicitaron la fiscalía y la querella, que estuvo representada por la AFIP. El pedido era de 22 años de pena para Temes Coto, 18 para Maidana y 15 para Hinricksen. Se trató del máximo solicitado por el organismo recaudador.